Autor: Montserrat Boix
Quizá la mujer que más polémica ha levantado estos años y sin duda la que ha creado un precedente en España. Todo empezó cuando Rivas viajó desde Italia a España con sus dos hijos menores. Tras la denuncia de su padre, Francesco Arcuri, se pone una orden de búsqueda y captura a la madre, quien permaneció en paradero desconocido el verano de 2017. El padre gozaba en ese momento de la guardia y custodia de los niños, y aún así estuvo 14 meses sin ver a sus hijos. El juez también le quitaría la custodia y la acusaría de manipularlos.
En 2016 Rivas acudió a Paqui Granados, directora del Centro de Atención a la Mujer y responsable de Igualdad en el Ayuntamiento de Maracena. El caso de Juana Rivas le catapultó hasta el estrellato de la causa feminista. Se convirtió en un referente del feminismo más radical e incluso empezó a dar conferencias por toda España. Ésta le aconsejó que denunciara ser víctima de malos tratos y más tarde explicar que no quería devolver a sus hijos a su padre que estaba en Italia. Paqui se convirtió, a pesar de que no estaba colegiada como abogada, en la asesora legal y mediática de Juana Rivas a quien recomendó convertir su causa en un asunto público. El centro de atención a la mujer de Maracena dirigido por Granados dio a Juana Rivas la categoría de víctima de violencia de género antes de que se pasase por la comisaría y sin que realmente hubiese pruebas de ello.
La denuncia fue presentada en una jurisdicción errónea (los hechos sucedieron en Italia, pero se han denunciado en España y meses después), y a falta de pruebas todo se intentó apoyar en que Arcuri había sido denunciado por malos tratos en 2009 y en el testimonio del hijo mayor de la pareja, cuya declaración no es vista en Italia como incriminatoria para el padre. La mayoría de los medios dieron por buena la versión de Rivas, se posicionaron a favor de ella sin ni siquiera haberse estudiado bien el caso o escuchar al abogado de Arcuri. Por otro lado, la Fiscalía italiana ha archivado las ocho denuncias interpuestas entre 2016 y 2018 por Juana Rivas contra su ex pareja, la mayor parte de ellas por presuntos abusos a sus hijos. Los autos concluyen que las alegaciones de la madre no están fundamentadas en hechos, incluso los partes de lesiones presentados no corresponden con situaciones denunciadas. Esta denuncia falsa era sobre la que se apoyaba la negativa de la madre para devolver a sus hijos al padre.
La Justicia determinó que Juana Rivas tenía que entregar a sus hijos, pero Granados le recomendó que no los entregase y le apoyó cuando se escondió durante casi un mes con sus hijos saltándose el mandato judicial de la Audiencia Provincial de Granada que hasta en dos ocasiones había ordenado a Juana Rivas la devolución inmediata de sus hijos al padre. La desobediencia de la granadina obligó a la jueza a activar una orden de busca y captura. Justo en ese momento es cuando aumentó la presión mediática y la movilización social y política desde las filas de PSOE, Podemos y hasta del mismísimo Mariano Rajoy. Juana se encontraba en paradero desconocido con sus hijos. Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos, el 26 de julio de 2017 Rivas se ocultó con ellos, y su expareja denunció la desaparición. La acusada entregó a los dos niños un mes después, el 28 de agosto de 2017, en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.
La primera sentencia y la de la Audiencia impusieron a la acusada cinco años de prisión -dos años y seis meses por cada uno de los delitos-, la privación de la patria potestad de sus dos hijos durante seis años y el pago de una indemnización a su exmarido. Tras recurrir la sentencia, el Supremo rebajó la sentencia a la mitad, razonando que solo se había cometido un delito aunque hubiera dos menores afectados. Aquí es cuando el gobierno de Pedro Sánchez decide intervenir para aplicar un indulto parcial de la condena (ya rebajada) a pesar de que la madre nunca expresó arrepentimiento. Así Rivas evitaría entrar en la cárcel y recuperaría la patria potestad a cambio de 180 días de servicios a la comunidad. Pero no acabaría ahí la cosa. La Audiencia de Granada, tras la injerencia del ejecutivo en la resolución judicial del Supremo, decidió suspender de facto la condena de Rivas.
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