Denunció dos veces a su expareja por presuntos abusos sexuales. Al igual que María Sevilla había desaparecido sin dejar rastro con su actual pareja y con su hija. La menor no aparecía escolarizada en ningún centro ni constaba ninguna visita médica en centro sanitario público. Durante ese tiempo, el padre no supo nada de la menor ni tuvo ningún contacto con ella.
González alegó que la alejó de su padre para protegerla, porque sufría abusos sexuales, según le confesó la menor, unas acusaciones que nunca fueron probadas judicialmente y que el padre niega. Tras la denuncia del padre, los seguimientos policiales condujeron a los agentes hasta una casa de La Cabrera, un pequeño pueblo de la sierra norte de Madrid. Allí lograron localizar a la menor que, según las mismas fuentes, no estaba encerrada, pero sí oculta. Salían algunos fines de semana, pocos, y la niña era educada en casa, aunque no presentaba problemas de socialización. En este caso, aunque “sí había un cierto adoctrinamiento de la niña en contra del padre por parte de la madre”. Fue condenada a dos años de cárcel y a cuatro años de inhabilitación del ejercicio de la patria potestad por sustracción de menores. La custodia de la niña pasó a manos del padre.
Estos cinco casos más polémicos son solo la punta del iceberg de un entramado más complejo y oscuro. La Policía Nacional ha detectado más de 50 casos de secuestro infantil, calificando a la asociación Infancia Libre como “organización criminal”. Todas siguieron las mismas pautas y actuaron bajo los mismos patrones: denuncias contra el padre (en su mayoría falsas) por malos tratos, abusos sexuales y maltrato infantil; después saltarse el régimen de visitas del padre mientras se incorporan nuevas denuncias contra estos e incluso contra los servicios adjuntos al Juzgado. Después, sustraer a los menores tanto de las familias paternas como de la propia justicia. Una vez agotadas las vías penales, solo quedaría implorar el indulto del ejecutivo, del que ya sabemos que es capaz de ignorar las resoluciones judiciales con tal de defender su agenda ideológica.
Y a todo esto, ¿qué ocurre con esos padres que han permanecido al otro lado de la historia, en silencio y atemorizados? ¿Cuántos derechos han sido vulnerados durante años porque el movimiento feminista radical ha engatusado a los medios y la opinión pública del lado de estas delincuentes? Y lo más importante, ¿quién va a devolverles su dignidad, y lo más importante, los años perdidos con sus hijos?
