Merece capítulo aparte hablar de las mal llamadas “madres protectoras”, término acuñado por Irene Montero y su parroquia para referirse a un grupo de madres que, tras seguir consejos legales y pautas directas de miembros de Podemos, fueron interponiendo denuncias falsas contra sus exparejas para seguidamente llevarse a sus hijos y separarles temporalmente de sus padres. Estos hechos fueron juzgados claramente como un delito de sustracción de menores. En muchos casos estos niños y estas niñas se encontraban en un entorno dañino para su crecimiento, en el que además de separarles de sus padres se les separaba del mundo.
No tardaron mucho los medios del ala feminista más radical en excusar a estas mujeres y justificar su inocencia, al reconocerlas como víctimas de violencia de género. Y es que todo vale por la causa feminista.
El espectáculo mediático se vuelve más obsceno cuando la justicia, ya pronunciada contra las madres, se ve apartada de manera abusiva por los legisladores en forma de indulto a título personal a favor de estas madres condenadas. Con la justificación puramente ideológica de que un sistema jurídico patriarcal debe ser enmendado con una política feminista que “garantice los derechos de estas madres”, se han sucedido opiniones y decisiones que violan los principios constitucionales. Somos testigos de un nuevo atropello a los derechos de los hombres y de los niños, o como Irene Montero lo celebraría, “un patrimonio del movimiento feminista en este país”.
